La IDM aspira a regularizar la situación de varias empresas que por cada boleto cobran 16 pesos de tasa de embarque y no lo vierten a las terminales. Este jueves 3 de agosto está prevista una reunión con la directora general de Transporte Carretero del MTOP, Magalí Mauat, para informarle sobre esta realidad.

El jefe comunal, Enrique Antía, explicó que en la actualidad las terminales están administradas por una empresa concesionaria que abona un canon anual de 100 mil dólares, y además, se debe encargar del mantenimiento, higiene, limpieza y reformas para un mejor funcionamiento de estos espacios. Sin embrago, existe un grupo de compañías de transporte colectivo -no todas- que “no aportan a las terminales el costo de la tasa de embarque que cobran por boleto” como lo establece “la ley y los decretos departamentales”, sentenció.

Se trata de una “situación grave de apropiación indebida” y en los próximos días “los vamos a intimar a regularizar”, en caso contrario, la Administración hará una denuncia penal.

Por otra parte, Antía anunció que tras recibir un informe se acordó una reunión para este jueves 3 de agosto con la directora general la Dirección General de Transporte Carretero del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Magalí Mauat, con el objetivo de darle a conocer todos los detalles. Durante este encuentro también se contará con la participación del director general de Tránsito y Transporte de la IDM, Juan Pígola.

Luego de su asunción, el actual gobierno departamental trabajó por un período de un año y medio en la reparación y puesta a punto de las terminales de Maldonado, Punta del Este, San Carlos y Piriápolis; en tal sentido, se mejoraron techos, baños, mobiliario, y los distintos servicios. Estas acciones demandaron una inversión de 1 millón 400 mil dólares, y también se destinaron otros 300 mil dólares a la reforma del área de maniobras de la Terminal localizada en la Península.

El jerarca recordó que producto de la gestión anterior se elevaron a la Justicia los antecedentes y se realizaron cuatro denuncias penales por el estado en el que se recibieron las terminales. Sin embargo, hasta el momento no “hay novedades” y la justicia “aún no citó a nadie”.